“Mi propuesta es que no tiene que haber más villas, y hay otra parte de la política que dice que tiene que seguir habiendo villas porque tiene que seguir habiendo pobreza”. El que habla es el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en la mesa de Mirtha Legrand el último fin de semana. Quizás en esa frase se explica una polémica resolución que destapó El Argentino Zona Norte y que cobró revuelo nacional, cuando se conoció que pretenden realojar a 62 familias del barrio Uspallata a cambio de 350.000 pesos. Un monto irrelevante que tiene como objetivo echar-literalmente- a las familias del municipio. Pero lo que hay de fondo, en verdad, es el negocio inmobiliario. Una vez que el predio quede en manos del Municipio, será loteado al mejor postor para realizar algún gigante a la altura de los countries vecinos. Y he aquí la perversión. Se trata de una práctica que se replica en varios municipios de Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, zonas que se caracterizan por abundancia de barrios cerrados, countries y viviendas de gente de alto poder adquisitivo y que tienen nada menos que al Estado como facilitador para sus negocios. Un Estado que hace oídos sordos y vista gorda para brindar soluciones habitacionales a los sectores más vulnerables.  

Hace un mes, los vecinos de la calle General Pinto al 2200, en el barrio San Rafael, partido de San Fernando recibieron por debajo de su puerta un papel amarillo del Municipio, que los intimaba a desalojar antes del lunes 15 de septiembre, cuando se demolerían las viviendas. La inmobiliaria que construiría allí ya tenía nombre y apellido: Loscri y Compañía SRL. 
Pero es tan explícito el asunto que el Hotel Intercontinental Nordelta fue la sede de la última edición del Salón Inmobiliario de Tigre (SIT) en la que disertaron el actual y el ex intendente, Julio Zamora y Sergio Massa respectivamente. Lo curioso fue que una de las empresas que adhirió al SIT fue EIDICO, la responsable de querer ampliar countries sobre Punta Querandí, una zona de Tigre que no sólo es un terreno arqueológico por haber sido habitado por pueblos originarios, sino que además fue declarada Espacio para la Memoria por haberse encontrado restos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Esta empresa, además, está siendo denunciada por  el Movimiento de Defensa de la Pacha tras la construcción de un muelle en una parte de canal Villanueva, brazo del Río Luján, una suerte de privatización del canal fluvial.
Estos pequeños ejemplos que seguramente no salgan en los grandes medios de comunicación, son los que mantienen en vilo a los sectores más vulnerables del conurbano norte. Y que esperan que el Estado no sea un agente inmobiliario sino que sea la herramienta para transformar sus vidas.