La sala VI de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires declaró “improcedente” el recurso de queja que interpuso el Municipio por el habeas corpus que presentaron vecinos de Vicente López contra los polémicos cacheos para ingresar al vial costero, una práctica ilegal que realizaban empleados municipales y policías bonaerenses. De este modo, quedó firme la decisión judicial que ya había sido respaldada por la Cámara Penal Sala III de San Isidro, que en mayo pasado rechazó la apelación interpuesta por el Municipio, luego de la decisión adoptada en primera instancia.

Los jueces Mario Eduardo Kohan y Ricardo Maidana declararon “improcedente” la queja presentada por los abogados de la intendencia de Jorge Macri, por lo cual seguirá sin poder realizar las requisas que durante el verano pasado provocaron graves actos de violencia institucional contra vecinos que hicieron uso de su derecho de no mostrar sus bolsos y mochilas para pasear por la costa, un espacio público. Al igual que la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro, que ya había rechazado la apelación, los jueces entendieron que el Municipio no presentó en tiempos legales la respuesta a la demanda y los instrumentos de prueba para demostrar que, tal como afirman, no realizaron requisas ilegales.
El fallo es del 27 de octubre pero fue notificado la semana pasada. Ahora, el Municipio podría volver a apelar y llevar el asunto a la Corte Suprema de Justicia bonaerense. “Es muy poco probable que puedan revertir esto, los argumentos no son sólidos. Dicen que la Justicia no consideró sus pruebas, pero ellos no las presentaron en tiempos legales a pesar de que estaban notificados, ni contestaron la demanda”, señaló Fernando Cabal, abogado de la organización Naturaleza de Derechos y patrocinante de la demanda que interpusieron vecinos de Vicente López, desde la Asamblea Unidos por el Río y el Foro de Salud y Ambiente.
“Hemos logrado, desde el punto de vista legal, un antecedente importantísimo para evitar represiones innecesarias en los espacios públicos. Defender esos espacios significa hacerlo también ante la ley”, señaló Néstor Bonacina, de Unidos por el Río. Y recordó los más de 25 casos de represión por parte de la Policía bonaerense ante vecinos que se negaron a someterse a los cacheos, realizados por  empleados municipales, por el solo hecho de querer transitar por el vial costero. Estos casos también fueron denunciados en la Justicia y la causa se investiga en la UFI de Delitos Complejos de San Isidro.
En enero pasado, las requisas se convirtieron en escándalo cuando cuatro jóvenes denunciaron violencia institucional por parte de los empleados municipales y de los efectivos policiales, cuando se negaron a mostrar el contenido de sus bolsos. Una de ellas, que llevaba a pasear a su hija de tres años, fue detenida y hasta le “armaron” una causa por “resistencia a la autoridad”.